Memoria, verdad, justicia y no repetición en América Latina

Son 30000 en Argentina, aunque México, Colombia, Guatemala y Perú tienen las cifras más altas de personas desaparecidas en Latinoamérica, una de las regiones más afectadas por este problema y por la falta de justicia y esclarecimiento de casos registrados hace más de 50 años.

Las causas de desapariciones en Latinoamérica se relacionan con regímenes dictatoriales, los conflictos armados internos o el narcotráfico, por lo que en muchos casos ha sido compleja la contabilización, a lo que se suma los efectos migratorios, por ejemplo, en Centroamérica y México.

Entre enero de 1938 y julio de 2017 en Colombia desaparecieron 124697 personas, de las que 87054 aún no han sido encontradas, de ellas 25140 fueron víctimas de desaparición forzosa por el conflicto armado. Tras la firma de la paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016 se ha logrado avanzar en la búsqueda de cientos de víctimas.

El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Colombia, documentó 353531 hechos que le permitieron determinar que el conflicto armado dejó 80514 desaparecidos, de los cuales de 70587 aún no se tienen noticias.

En el país cafetero la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, estableció que las ejecuciones extrajudiciales que se dieron del 2002 al 2008, eran por lo menos el triple de lo que se estimaba. 6402 personas fueron asesinadas por parte del ejército nacional para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional.

Esto respaldado con las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales que identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que, durante este periodo, cuando el país era gobernado por Álvaro Uribe y estaba vigente la política de seguridad democrática, se registró el 78 % del total de la victimización histórica.

Por otro lado en Guatemala se estima que hay unas 45000 personas en paradero desconocido por la guerra civil (1960-1996), en el que unas 200000 personas fueron asesinadas y un millón sufrieron desplazamiento interno.

La guerra civil que asoló Nicaragua en los años 80 dejó al menos 50000 muertos y un total de 150000 víctimas, en cuanto a los desaparecidos su número nunca se logró establecer con precisión.

Actualmente la Argentina ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur hasta el 30 de junio del corriente año y desde el pasado 15 de marzo hasta el 19 inclusive; se dieron las reuniones preparatorias de la XXXVII Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del Mercosur (RAADH), que tendrá lugar del 14 al 31 de mayo de 2021 y por primera vez, y en línea con el protocolo aprobado en 2020, se realizarán dos videoconferencias preparatorias a fin de favorecer la toma de decisiones en el marco de una agenda definida y la interacción entre las comisiones permanentes.

La RAADH está integrada por nueve comisiones que abordan los siguientes temas: Memoria Verdad y Justicia; Iniciativa Niñ@Sur; Educación y Cultura en Derechos Humanos; Discriminación, Racismo y Xenofobia; Personas con Discapacidad; Personas Mayores; Género y Derechos Humanos de las Mujeres; Derechos de las Personas LGBTI y Comunicación en Derechos Humanos.

Latinoamérica sigue siendo una región sin poder dar respuesta a los momentos más oscuros de la región, no solo desde los gobiernos sino desde el estado en sí. Necesitamos un mayor compromiso y políticas públicas que realmente ayuden a esclarecer estos hechos, la sociedad en su conjunto merece saber la verdad y debe ser garante de procesos que consolidan la memoria colectiva, generando sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspiciando la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos en el marco de una democracia participativa consolidada.

Para lograr esto es indispensable el rol activo del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos – IPPDH, no solo en marco de la reparación histórica en Argentina sino en toda América Latina, el instituto debe transformarse en una política de cualquier organismo supranacional.


Por Jeimar Cogollo

Consejero Directivo Facultad de Medicina – UBA, Claustro de estudiantes
presidente ASCAR – Asociación de Colombianos y Colombianas en Argentina

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