Cayucos y pateras desbordan la gestión migratoria de Canarias
A solo 100 kilómetros de la costa occidental de África, en las Islas Canarias llevan más de 30 conviviendo con la migración. ¿Acaso se conoce con exactitud de dónde vienen, quienes arriesgan su vida tratando de llegar a Canarias? ¿Por qué lo hacen y qué están dejando atrás?
El cayuco, a su llegada al puerto de Los Cristianos. / CRUZ ROJA
Las Islas Canarias han sido un polo de atracción para los inmigrantes de África durante décadas. Los incipientes cruces comenzaron en 1994, cuando dos jóvenes del Sahara Occidental llegaron a Fuerteventura. Tiempo después durante la siguiente década, más de 41.000 personas, la mayoría magrebíes, hicieron el mismo viaje.
Ya en el año 2005, las cifras comenzaron a aumentar rápidamente: ese año llegaron 4.715 personas. Al año siguiente, 31.678 personas, la mitad de ellas senegalesas, realizaron la travesía en pateras y cayucos, un tipo de embarcación pesquera común en Senegal y Mauritania.
Pero el horror marca que 6.000 personas murieron en el mar en el intento de cruzar. Según la agencia de migración de la ONU, OIM. “Los cementerios de Canarias, especialmente en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria están llenos de tumbas de náufragos migrantes sin nombre”, según Nicolás Castellano de la Red de Radio Española.
En las últimas semanas la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ( ACNUR / ACNUR spain ) ha anunciado que enviará un equipo especializado, a Canarias, para trabajar en los preocupantes aumentos de este año de migrantes que arriesgan su vida en embarcaciones abiertas que intentan llegar al archipiélago.
La inmigración que llega en pequeñas embarcaciones desde el continente africano ha convertido a Canarias en el centro de la agenda política nacional española y europea en materia de inmigración y la problemática que esto implica en el contexto regional.
También ha transformado el archipiélago en un punto donde se pueden analizar las vinculaciones entre las políticas migratorias y los derechos humanos, no obstante, la larga trayectoria del archipiélago de recepción de inmigrantes y la presencia de otros grupos de migrantes, y la fuerte la retórica política fue el flujo de inmigrantes africanos en finales de la década de 1990.
Es evidente que las estrategias y rutas migratorias utilizadas por los inmigrantes que intentan entrar en España a lo largo de la última años, también se han adecuado continuamente a las medidas implementadas por las autoridades españolas para controlar sus fronteras. Específicamente este control se ha reducido en el seguimiento de los tres puntos de entrada, como son los enclaves españoles en África, Ceuta y Melilla, el Estrecho de Gibraltar y las aguas que separan el Archipiélago Canario de la costa de África. La variación del flujo siempre está en relación en como se refuerza el control sobre uno de estos puntos de acceso, y es cuando los inmigrantes implementan nuevas estrategias y utilizan nuevas rutas.
En las últimas décadas, el cruce a las islas Canarias por mar ha marcado el final de un largo viaje por tierra para los africanos subsaharianos. Rutas que nacen a miles de kilómetros en el interior del continente, desembocando en Malí y Níger, desde donde los migrantes cruzan el desierto del Sahara para llegar a Argelia antes de cruzar su frontera norte hacia Marruecos. Una vez en Marruecos, las rutas a España se bifurcan.
Mientras eso sucede, la Unión Europea ha estado alerta constantemente sobre la migración masiva, aunque ha prometido reformar su política migratoria y modificar el Acuerdo de Dublín, que requiere que los migrantes busquen asilo en el primer país miembro de la UE en el que ingresen.
Ante una emergencia sin precedentes, España está tomando la iniciativa para responder a la nueva oleada, ya que según analistas, «El nivel de inmigración a las Islas Canarias superó con creces nuestra capacidad en términos de nuestros recursos materiales y humanos disponibles», dijo Vicente Manuel Zapata Hernández de la Universidad de La Laguna en Tenerife al Christian Science Monitor. Los centros para migrantes destinados a albergar a 60 personas se vieron obligados a albergar a más del doble, según las ONG.
El perfil que España buscó resolver la crisis fue diferente a la visión que ha adoptado la Unión Europea desde 2015. Realizó un trabajo con los países de origen y tránsito, como Mauritania y Senegal, para intentar cerrar la ruta, en forma simultáneamente la Guardia Civil española enviaba patrullas a la costa de África Occidental e invertía en sistemas de radar para interceptar a los cayucos. Además aumentó la ayuda al desarrollo, refrendó acuerdos comerciales e instituyó programas de empleo para los países africanos de origen.
El reforzamiento de las fronteras en Ceuta y Melilla, los conflictos y crisis en varios países y el colapso de la pesca tradicional, que habían servido de sustento a muchas comunidades africanas y mantenían ocupados a los cayucos, hicieron de Canarias una ruta preferida, con la ruta hacia una Europa. Pero, «Todo cambió con la implicación de estos países en los acuerdos para establecer patrullas conjuntas y control de las mafias y movimientos migratorios”, dijo el teniente coronel de la Guardia Civil, Lorenzo Barez, titular del Centro de Coordinación Regional de Canarias. Que encabeza un centro, creado en 2006, tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria y centraliza toda la información de inteligencia sobre la trata de personas en la costa occidental de África.
Otras iniciativas tienen como objetivo el seguimiento de las aguas que separan el continente africano de las Islas Canarias en conjunto con la Unión Europea. De esta forma y para lograrlo, ocho estados miembros de la UE crearon un sistema permanente de patrulla aérea y naval que custodiará las costas de Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde.
La escalada de los flujos de inmigración Canarias ha caldeado el ya enardecido debate interno sobre población, territorio e identidad en esta región. Los temas de inmigración y nacionalismo se han vinculado íntimamente en la esfera pública y este matrimonio seguramente se moldeará significativamente las políticas públicas futuras a través de los acuerdos alcanzados por el gobierno después de las próximas elecciones regionales. En el mediano plazo, la combinación de fuerzas políticas en el gobierno regional, la nueva jurisdicción sobre permisos de residencia y trabajo para extranjeros en el estatuto de autonomía reformado y la mayor vigilancia sobre las rutas migratorias del continente africano determinarán el perfil político de los vínculos entre inmigración e identidad en el archipiélago.
Alvaro Fontana Director Ejecutivo SOS Discriminación y especialista en temas migratorios.
SOS MUNDO 